LEY 2/85 DE PROTECCION CIVIL ( AMBITO ESTATAL)

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LEY 2/85 DE PROTECCION CIVIL ( AMBITO ESTATAL)

Mensaje por bercho el Mar Ago 03, 2010 1:57 pm

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



I. FUNDAMENTOS.



Identificada doctrinalmente como protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad publica o catástrofe extraordinaria,en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente,la protección civil constituye la afirmación de una amplia política de seguridad, queencuentra actualmente su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridadfísica, como primero y más importante de todos los derechos fundamentales -art. 15- enlos principios de unidad nacional y solidaridad territorial -art. 2.- y en las exigenciasesenciales de eficacia y coordinación administrativa -art. 103.

La magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las situaciones de emergencia exige poner a contribución los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las Administraciones Públicas, a todas las organizaciones y empresas, e incluso a los particulares, a los que, por tal razón, mediante ley, con arreglo al artículo 30.4de la Constitución, podrán imponerseles deberes para hacer frente a los casos de graveriesgo, catástrofe o calamidad pública, auténticos presupuestos de hecho de laprotección civil.

El presente proyecto de la ley trata, pues, de establecer el marco institucional adecuado para poner en funcionamiento el sistema de protección civil con escrupuloso respeto del principio de legalidad, constitucionalmente previsto, de modo que puedaobtenerse la habilitación correspondiente para poder exigir de modo directo a losciudadanos determinadas prestaciones de colaboración.



II. ORGANIZACIÓN.



La extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las solicitudes de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y naturales que han de sermovilizados para hacerles frente convierten a la protección civil, en primer lugar yesencialmente, en un problema de organización.

Dicha organización corresponde al Estado principalmente, por cuando constituye una competencia de protección de personas y bienes integrada en el área de la seguridadpública; sus mecanismos de actuación son, básicamente, técnicas de planificación y decoordinación a nivel superior, y, jurídicamente, en cuanto que se dé respecto a estamateria el supuesto del número 3 del artículo 149 de la Constitución. Consecuentemente, la protección civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en la presente Ley, a las restantes Administraciones Públicas.



III. ACTUACIÓN.



Sin embargo, sería equivocado que la organización de la protección civil pretendiese crear ex novo unos servicios específicos, suplantar o ejercer directamente los servicios públicos que con ella puedan tener relación o, incluso, disponer directamente de losmedios a tal fin necesarios. La protección civil, por el contrario, debe actuar a través del procedimiento de ordenación, planificación, coordinación y dirección de losdistintos servicios públicos relacionados con la emergencia que se trate de afrontar.

Ello significa que no cabe circunscribir este planteamiento a los aspectos de la simple coordinación administrativa, lo que representaría asumir una estructura organizativa extremadamente débil, cuando lo cierto es que se requiere, tal y como es frecuente en lossistemas de derecho comparado, el establecimiento de una estructura operativa, con mandoúnico a diseñar en los diferentes planes, sin perjuicio de las decisiones que alGobierno competen como órgano superior de dirección y coordinación de la proteccióncivil.

La protección civil, a su vez, debe plantearse como un conjunto de actividadesllevadas a cabo de acuerdo con una ordenada y previa planificación. De ahí que elproyecto trate de racionalizar el esquema de las actuaciones y de las medidas a adoptarque, de otro modo, no cabría asumir o establecer con la urgencia que imponen lassituaciones de riesgo o de peligro. Racionalización, en definitiva, que se traduce enplanificación de los distintos ámbitos, sectoriales y territoriales, en cuyadefinición, integración y puesta a punto pueden y deben colaborar las distintasAdministraciones Públicas.



IV. AUTOPROTECCIÓN.



La tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en establecer el óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar.

Consecuentemente, debe plantearse, no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, sino procurando que ellos estén preparados para alcanzar por si mismos tal protección.

El Proyecto de Ley insiste, por ello, en los aspectos relacionados con laautoprotección ciudadana. En los supuestos de emergencia que requieran la actuación dela protección civil, una parte muy importante de la población depende, al menosinicialmente, de sus propias fuerzas. De ahí que, como primera fórmula de actuación,haya de establecer un complejo sistema de acciones preventivas e informativas, al quecontribuye en buena medida el cumplimiento de los deberes que se imponen a los propiosciudadanos, con objeto de que la población adquiera conciencia sobre los riesgos quepuede sufrir y se familiarice con las medidas de protección que, en su caso, debeutilizar.

Se trata, en definitiva, de lograr la comprensión y la participación de toda la población en las tareas propias de la protección civil, de las que los ciudadanos son,al mismo tiempo, sujetos activos y beneficiarios.

Comprensión social y participación que, en todo los países, ha requerido tiempo y que, en última instancia, debe ser el resultado de una permanente movilización de laconciencia ciudadana y de la solidaridad social.



CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES



Artículo uno.



1. La acción permanente de los poderes públicos, en materia de protección civil, se orientará al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe ocalamidad pública y a la protección y socorro de personas y bienes en los casos en quedichas situaciones se produzcan.

2. La protección civil es un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de sucolaboración voluntaria.

3. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, la protección civil en caso de guerra, tendrá por objeto:A) La autoprotección.
B) El servicio de alarma.
C) Los refugios.
D) La evacuación, dispersión y albergue.
E) El socorro, rescate y salvamento.
F) La asistencia sanitaria y social.
G) Rehabilitación de servicios públicos esenciales.




Artículo dos.



1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantesAdministraciones Públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que lascircunstancias lo hicieren necesaria, participarán en las acciones de protección civil.

2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las fuerzas armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asignen.

3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán en todo caso, encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar quecorresponda.



Artículo tres.



1. En los supuestos de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, la protección civil quedará sometida, en todos sus actuaciones, a las autoridadescompetentes en cada caso, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1de junio.

2. En los casos de movilización general o parcial por causa de guerra, el Gobierno dispondrá los planes y medidas que permitan la utilización de los medios de proteccióncivil conforme a tales circunstancias, asegurando, en todo caso, la colaboración entrelas autoridades civiles y militares.

CAPÍTULO II.- DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL



Artículo cuatro.





1. Todos los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estarán sujetos a laobligación de colaborar, personal y materialmente, en la protección civil, en caso derequerimiento por las autoridades competentes.

La obligación mencionada se concretará, fundamentalmente en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección para personas y bienes establecidos por las leyes ylas disposiciones que las desarrollen, en la realización de las prácticas oportunas y enla intervención operativa en las situaciones de emergencia que las circunstanciasrequieran.

2. Estarán especialmente obligados a colaborar en las actividades de protección civil:

A) Las personas en situación legal de desempleo y que estén percibiendo lacorrespondiente prestación económica por esta causa, en las condiciones que sedeterminen por los Ministerios del Interior y de Trabajo y Seguridad Social.
B) Quienes estén sometidos al régimen de prestación social sustitutoria del servicio militar y los excedentes del contingente anual de éste, en los términos fijados en lalegislación respectiva.


3. Los poderes públicos promoverán actividades que sensibilicen a la poblaciónacerca de las responsabilidades públicas en materia de protección civil.

Asimismo, los centros de enseñanza desarrollarán, entre los alumnos, actividades que se encaminen al logro de los fines expuestos en el apartado anterior. Dichas actividades no tendrán la configuración de áreas de conocimiento, ni se computarán a efectos devaloración académica.

4. En los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, todos los residentes en territorio nacional estarán obligados a la realización de prestaciones personales que exija la autoridad competente, sin derecho a indemnización por esta causa, y alcumplimiento de las órdenes generales o particulares que dicte.

5. Los servicios de vigilancia, protección y lucha contra incendios de las empresas públicas o privadas se considerarán, a todos los efectos, colaboradores en laprotección civil.

6. En las situaciones de emergencia contempladas en esta Ley, los medios decomunicación social vendrán obligados a colaborar con las autoridades competentesrespecto a la divulgación de informaciones dirigidas a la población y relacionadas condichas situaciones.

7. Cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo debienes, así como a la intervención y ocupación transitoria de los que sean necesarios.Quienes, como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes tendránderecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

A los efectos aludidos se entenderá por autoridades competentes las previstas, para disponer la aplicación del plan que corresponda según lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley.



Artículo cinco.



1. El Gobierno establecerá un catálogo de actividades de todo orden que puedan dar origen a una situación de emergencia, así como de los centros, establecimientos ydependencias en que aquéllas se realicen.

2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos dedicados a las actividades comprendidas en el indicado catálogo estarán obligados aestablecer las medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil quereglamentariamente se determinen.



Artículo seis.



1. Los centros, establecimientos y dependencias a que se refiere el artículoprecedente dispondrán de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos,y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma,evacuación y socorro.

Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil se establecerán las directrices básicas pararegular la autoprotección.

2. Se promoverá la constitución de organizaciones de autoprotección entre lasempresas de especial peligrosidad, a las que las Administraciones Públicas, en el marcode sus competencias, facilitarán asesoramiento técnico y asistencia.





Artículo siete.



1. La Cruz Roja y otras entidades públicas cuyos fines estén relacionados con la protección civil contribuirán con sus efectivos y medios a las tareas de la misma.

2. Las brigadas de tropas de la Cruz Roja y la Cruz Roja del mar, son unidades de colaboración en materia de protección civil, por lo que su estructura y dotación aestos efectos será establecida en el concierto que se suscriba entre la Cruz Roja y losMinisterios del Interior y de Defensa.

CAPÍTULO III.- DE LA ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL



Artículo ocho.



Para determinar las líneas de actuación en las situaciones de emergencia a que se refiere la presente Ley se aprobará por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior -previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil y, en su caso, decuantas entidades públicas o privadas juzgue necesario- , una norma básica deprotección civil que contendrá las directrices esenciales para la elaboración de losplanes territoriales -de Comunidad Autónoma, provinciales y supramunicipales, insulares ymunicipales- y de los planes especiales, por sectores de actividad, tipos de emergencia oactividades concretas.



Artículo nueve.



Los planes territoriales y especiales establecerán, en todo caso lo siguiente:

A) El catálogo de recursos movilizables en casos de emergencia y el inventario de riesgos potenciales, que deberá incluir, en todo caso, el contenido del catálogonacional a que se refiere el artículo quinto en el respectivo ámbito territorial.
B) Las directrices de funcionamiento de los distintos servicios que deban dedicarse a la protección civil.
C) Los criterios sobre la movilización y coordinación de recursos, tanto del sector público como del sector privado.
D) La estructura operativa de los servicios que hayan de intervenir en cada emergencia, con expresión del mando único de las operaciones, todo ello sin perjuicio de lasdecisiones que deban adoptarse en cada circunstancia por las autoridades competentes.




Artículo diez.



1. Los planes municipales se aprobarán por las correspondientes Corporaciones Locales, se integraran, en su caso, en los planes supramunicipales, insulares o provinciales, ydeberán ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

Los planes supramunicipales, insulares y provinciales se aprobarán por el órgano competente de la entidad local correspondiente, se integrarán en los planes de laComunidad Autónoma y deberán ser homologados por la Comisión de Protección Civil de lamisma.

Los planes de Comunidad Autónoma deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la misma y deberán ser homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.

2. La homologación a que se refiere esta Ley consistirá en la comprobación de que los planes se acomodan al contenido y criterios de la norma básica.

3. Los referidos planes no podrán ser aplicados hasta tanto se produzca suhomologación, que deberá ser efectuada por el órgano competente en el plazo máximo detres meses a partir de la recepción por dicho órgano. Transcurrido dicho plazo sinresolución expresa, se entenderán homologados tácitamente.



Artículo once.



El Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, aprobará los planes especiales de ámbito estatal o queafecten a varias Comunidades Autónomas.

Los planes especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda del de una Comunidad Autónoma se aprobará, previo informe de la Comisión de Protección Civil dela Comunidad Autónoma correspondiente, por el Consejo de Gobierno de la ComunidadAutónoma y serán homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.



Artículo doce.



Los órganos y las autoridades a que se refieren los artículos precedentes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, están facultados para interesar de cualquierentidad o persona, pública o privada, la información necesaria para la elaboración yejecución de las normas y planes de protección civil, las cuales tendrán la obligaciónde suministrarla.



Artículo trece.



En las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública se dispondrá la aplicación del plan que corresponda y la movilización de los servicios y mediosnecesarios:



A) Por el Gobernador Civil, por propia iniciativa o a propuesta de la autoridad local correspondiente si la emergencia afecta a uno o más municipios de una misma provincia. La autoridad local podrá adoptar tales medidas si la emergencia impide o dificulta eltrámite de propuesta del Gobernador Civil.
B) Por el Ministro del Interior en los demás casos y en los de especial gravedad por propia iniciativa o a instancia de los Presidentes de los Órganos Ejecutivos de lasComunidades Autónomas, Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, sin perjuicio de lodispuesto en el número segundo del artículo decimoquinto de esta Ley.




CAPÍTULO IV.- ACTUACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL



Artículo catorce.



Sin perjuicio de las funciones y competencias que en materia de prevención de riesgos específicos otorgan las leyes a las diferentes Administraciones Públicas,corresponderán también a estas las siguientes actuaciones preventivas en materia deprotección civil:



A) La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y calamidades públicas.
B) La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.
C) Asegurar la instalación, organización y mantenimiento de servicios de prevencióny extinción de incendios y salvamento.
D) Promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados con la protección civil y, en especial, de mandos y componentes de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.
E) La promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la protección civil, a través de organizaciones que se orientarán,principalmente, a la prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarlos en el hogar familiar, edificios para uso residencial y privado, manzanas, barrios y distritos urbanos, así como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los servicios de protección civil o en colaboración con los mismos.
F) Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspección ysanción, en el ámbito de sus competencias.




CAPÍTULO V .- ORGANIZACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



Artículo quince.



1. El Gobierno es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil.

2. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior y a iniciativa, en su caso, del Presidente de la Comunidad Autónoma o del órgano correspondiente de la entidad localafectada, podrá delegar todo o parte de sus funciones en aquellos casos en que lanaturaleza de la emergencia lo hiciera aconsejable.



Artículo dieciséis.



El Ministro del Interior ostenta la superior autoridad en materia de protección civil y le corresponde:

A) Elaborar la norma básica de protección civil, los planes especiales a que se refiere el párrafo primero del artículo undécimo de la presente Ley, así como losreglamentos técnicos correspondientes, y proponer su aprobación al Gobierno, a cuyoefecto insertará de las diferentes Administraciones Públicas la información necesaria.
B) Elaborar el catálogo nacional de recursos movilizables de emergencias, integrando en el mismo los que resulten de los planes territoriales especiales.
C) Desarrollar las normas de actuación que en materia de protección civil apruebe el Gobierno.
D) Ejercer la superior dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios de ejecución de los planes de actuación civil.
E) Requerir a las Administraciones Públicas, organizaciones privadas y ciudadanos la colaboración necesaria para la realización de simulacros o ejercicios prácticos decontrol de emergencias determinadas y el cumplimiento de cuantas obligaciones imponga lapresente Ley.
F) Disponer, con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad y solicitar del Ministro de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas.
G) Requerir de las autoridades locales y autonómicas la intervención de sus Cuerpos de Policía y demás servicios relacionados con la protección civil, que actuarán bajola dirección de sus mandos naturales.




Artículo diecisiete.



1. La Comisión Nacional de Protección Civil estará integrada por los representantes de la Administración del Estado que reglamentariamente se determinen, así como por un representante designado por los órganos de gobierno de cada una de las ComunidadesAutónomas.

Su organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

2. La Comisión Nacional de Protección Civil ejercerá las siguientes funciones:

A) Informar las normas técnicas que se dicten en el ámbito nacional en materia de protección civil.
B) Elaborar los criterios necesarios para establecer el catálogo de recursosmovilizables en casos de emergencia, sean públicos o privados.
C) Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la protección civil.
D) Informar las disposiciones y normas reglamentarias que, por afectar a la seguridad de las personas o bienes, tengan relación con la protección civil.
E) Proponer la normalización y homologación de las técnicas y medios que puedan utilizarse para los fines de protección civil.
F) Homologar los planes de protección civil cuya competencia tenga atribuida.




Artículo dieciocho.



1. La Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma estará compuesta por representantes de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de lasCorporaciones Locales incluidas en su ámbito territorial. En todo caso, losrepresentantes de la Administración del Estado, designados por ella, serán como mínimotres.

2. Los reglamentos de organización y funcionamiento de las Comisiones mencionadasserán aprobados por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma respectiva.

3. La Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma ejercerá las siguientes funciones:

A) Informar las normas técnicas que se dicten en su ámbito territorial en materia de protección civil.
B) Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con laprotección civil.
C) Homologar los planes de protección civil cuya competencia tenga atribuida.




CAPÍTULO VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES



Artículo diecinueve.

1. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas de conformidad con lodispuesto en este artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que, según lalegislación vigente, fueren exigibles.

2. Constituyen infracciones a la presente Ley:

A) El incumplimiento de las obligaciones de colaboración personal y material con la protección civil y de las obligaciones derivadas de los planes y de los reglamentos, así como de las órdenes que dicten las autoridades en cumplimiento de los mismos.
B) El incumplimiento, por los centros, establecimientos y dependencias, de lasobligaciones derivadas de los planes de autoprotección y emergencia, así como la faltade ejecución de los mismos e igualmente el incumplimiento de las medidas de seguridad yprevención a que se refiere el número segundo del artículo quinto.
C) La negativa a suministrar la información necesaria para la elaboración de las normas, listas, catálogos y planes de protección civil.


3. La potestad sancionadora de las infracciones a la presente Ley corresponde a las autoridades que, en cada caso y según lo dispuesto en esta Ley y en las normas que ladesarrollen y ejecuten, sean competentes en materia de protección civil.

4. El reglamento que desarrolle esta Ley especificará y clasificará las infracciones tipificadas en el apartado segundo de este artículo y graduará las sanciones atendiendo a criterios de culpabilidad, responsabilidad y cuantas circunstancias concurran, enespecial la peligrosidad o trascendencia que para la seguridad de personas o bienesrevistan las infracciones.

5. La potestad sancionadora de las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente Ley se ejercerá, dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, por los órganos de gobierno de los municipios, hasta un millón de pesetas; por los órganosde gobierno de las entidades supramunicipales, insulares y provinciales, hasta cinco millones de pesetas; por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, hasta diez millones de pesetas; por el Ministro del Interior, hasta veinticinco millones de pesetas, y por el Consejo de Ministros, hasta cien millones de pesetas.



Disposición adicional.

Las obligaciones económicas que se deriven de la aplicación de esta Ley serán objeto de un plan financiero que será aprobado por el Gobierno e incorporado, en sucesivasanualidades, a los Presupuestos Generales del Estado.



Disposición transitoria.

Hasta la promulgación de la norma básica a que hace referencia el artículo octavo y la homologación de los planes a que se refieren los artículos décimo y undécimo, sefaculta al Gobierno para dictar las medidas necesarias, en aplicación de la presente Ley.



Disposiciones finales.



Primera.- Los órganos competentes de las distintas Administraciones Públicas revisarán en cada caso los reglamentos, normas y ordenanzas sobre seguridad de empresas,actividades, edificaciones, industrias, medios de transporte colectivo, espectáculos, locales y servicios públicos, para adecuar su contenido a la presente Ley y a las disposiciones que la desarrollen.

Segunda.- Las sanciones a que se refiere el artículo decimonoveno de esta Ley podrán ser actualizadas por el Gobierno de acuerdo con los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

Tercera.- El Gobierno creará la red de alarma nacional, dependiente de los órganos de protección civil del Estado, que a estos efectos se coordinarán con los órganos correspondientes del Ministerio de Defensa, para alertar a la población que pudiera resultar afectada por una emergencia que ocurra en caso de guerra o en tiempo de paz.

Cuarta.- Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que exija el desarrollo de la presente Ley.
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